Mientras el país se preparaba para celebrar el inicio de un nuevo año, parecía que el debate más urgente giraba en torno al salario mínimo. Sin embargo, en el sector financiero se gestaba otra conversación por la preocupante propuesta que plantea que los operadores postales pueden llegar a tener la facultad de prestar servicios de Giro de Pago, Giro de Depósito y Transferencia postal, lo que les permitiría captar recursos públicos de forma similar a cuentas bancarias. La propuesta, respaldada por MinTic, generó alertas de inmediato al permitir el manejo de dineros a empresas que no se encuentran bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y que no cumplen con los estándares mínimos de protección financiera y protección del consumidor. A continuación, analizamos esta propuesta y los riesgos de lavado de activos que pueden presentar. 

Nuevas facultades para los servicios postales 

El 31 de diciembre, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) publicó el proyecto de decreto para adicionar un nuevo capítulo al Decreto 1078 de 2015 que regula al Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Con el propósito de establecer las condiciones para otros servicios postales de pago definidos por la Unión Postal Universal (UPU), presentaron el borrador que recibiría comentarios hasta el 16 de enero de 2026. La iniciativa busca reglamentar en el país las modalidades de Giro de Pago, Giro de Depósito y Transferencia Postal, como alternativas adicionales al giro postal tradicional y reforzar el sector postal, promover la innovación y propender por una inclusión social y económica. Entre los aspectos que busca regular el proyecto están:

• Las condiciones para habilitar a los operadores postales interesados en prestar esos nuevos servicios. 
• Las obligaciones y prohibiciones aplicables a los operadores para garantizar la seguridad de los recursos. 
• Reglas para mitigación de riesgos, trazabilidad de las operaciones y la protección de los usuarios. 
• Lineamientos para asegurar que los recursos consignados en cuentas postales serán administrados de manera separada de los recursos propios. 

Preocupaciones de las entidades financieras 

Al momento de presentar esta propuesta, las entidades financieras expresaron su preocupación por diferentes aspectos relacionados con la poca supervisión que supone esta iniciativa. Entidades como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), la Unidad de Regulación Financiera (URF), el Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia consideran que es una propuesta problemática por razones como:

• Introduce riesgos de lavado de activos, expone los recursos de los usuarios y podría profundizar la exclusión financiera en vez de reducirla como propone el proyecto. 
• Se crearían esquemas paralelos con menores exigencias, lo que debilitaría la protección del consumidor y fragmentaría el ecosistema de pagos. 
• La custodia de saldos y la administración de recursos equivaldría a autorizar actividades de captación y esto es una función reservada por ley a entidades vigiladas. 
• Permitiría que se mantengan los fondos en cuentas postales, transformando el modelo actual de giros en un esquema de captación de recursos que no consideran estándares de capital, solvencia y supervisión. 
• Los operadores postales no estarían cubiertos por seguros de depósito. 
• Habría ausencia de estándares robustos de trazabilidad, monitoreo y control transaccional. 
• Los operadores postales no cumplirían los requisitos técnicos y regulatorios, lo que los excluiría del ecosistema Bre-B, fragmentaría el sistema en dos y retrasaría el objetivo de una infraestructura integrada. 
• Es una iniciativa inconveniente al no exigir los estándares SARLAFT del sector financiero, lo que crearía canales de baja resistencia y abriría la puerta a actividades delictivas al permitir mover dinero sin controles de seguridad. 

Prohibiciones y prevención del lavado de activos 

Las preocupaciones respecto a esta propuesta no son gratuitas, ya que se han presentado casos en los que prácticas como el pitufeo para lavar dinero se han hecho efectivas a través operadores postales sin una identificación oportuna. Es por eso que esta nueva propuesta enfocada en cuentas postales viene acompañada de prohibiciones como:

• Hacer transferencias que superen los topes máximos definidos en el decreto. 
• Realizar giros que no tengan destinatario debidamente identificado por el cliente/usuario. 
• Prestar servicios sin dejar la debida trazabilidad en línea. 
• Mantener los fondos consignados en cuentas postales por un plazo máximo al expresado por MinTic. 
• Otorgar créditos, financiación y operación de colocación o desarrollar cualquier otra actividad exclusiva de los productos y servicios del sector financiero. 

Y en esa misma línea, establece que estas nuevas operaciones no exoneran a operadores de servicios postales de pago, ni a los colaboradores del cumplimiento de los deberes previstos en relación con las obligaciones de conocimiento de cliente o usuario y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Riesgos sin SARLAFT y sin Oficial de Cumplimiento

Sin embargo, estas consideraciones no contemplan controles reales como cumplir con un adecuado Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y contar con un veedor de riesgos como el Oficial de Cumplimiento. Todo el enfoque de cumplimiento y veeduría se concentra en el MintTic y no tienen en cuenta la inspección y experticia de entidades reguladoras como la Superfinanciera que no solo establece una cooperación clara con entidades internacionales, sino que llevan años alineándose con las disposiciones del GAFI y del Gafilaft. 

Claro está que hay empresas de giros postales que han acogido políticas de prevención de lavado de activos desde hace años y han trabajado por tener unos estándares de confianza, transparencia, responsabilidad e integridad a través de modelos de control que siguen las recomendaciones GAFI. Estos operadores postales van un paso adelante y ya cumplen con procesos de cumplimiento y debida diligencia, lo que permitirá que acogerse a esta nueva propuesta sea más sencillo y transparente. 

Aunque el decreto aún está en propuesta de borrador, llega rodeado de muchos riesgos que entidades oficiales, instituciones financieras y Fintech están expresando porque podría significar un retroceso en la inclusión financiera y una puerta abierta para riesgos de lavado de activos.