Lavado de activos y corrupción transnacional
Durante la pandemia que vivió el mundo en 2020 el sector empresarial se vio muy golpeado por el cese de operaciones que antes hacían parte del día a día de las personas y que con la nueva realidad dejaron de ser prioridades. Ante esta emergencia que tomó por sorpresa a empresas, estados y sobre todo a las personas, los Gobiernos tuvieron que recurrir a auxilios para personas que perdieron sus trabajos, que estaban en situación de vulnerabilidad y para aquellas empresas que tuvieron que clausurar por completo sus actividades.
Gracias a esos subsidios y auxilios, personas, empresas y comercios lograron sobrepasar el confinamiento. Sin embargo, también fueron múltiples los casos en los que, para aprovechar estos auxilios, se crearon artimañas con el fin de apropiarse de recursos que no les correspondían. A continuación, analizamos el caso Plus Ultra y todo lo que se descubrió detrás de una trama de lavado de activos, corrupción y robo de recursos públicos.
Caso Plus Ultra
Plus Ultra es una aerolínea española fundada en 2011, que empezó sus operaciones en 2015 con viajes nacionales y a algunos destinos sudamericanos. La empresa operó sin complicaciones durante cinco años, hasta que la pandemia amenazó sus operaciones. En ese momento, recibieron un préstamo de dos empresarios y prestamistas peruanos para que pudiesen responder por los gastos operativos. En 2021, el Gobierno Español aprobó un rescate por EUR 53 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) alegando que era una empresa viable y estratégica para el país. Gracias en parte a los recursos del SEPI, Plus Ultra pudo devolver en 2021 la totalidad del préstamo que le habían hecho los peruanos.
A primera vista parece que no hay nada ilegal en unos préstamos de personas naturales y un auxilio financiero proporcionado por el Gobierno de su país. Sin embargo, en 2021 un colectivo de funcionarios públicos llevó a los tribunales el caso correspondiente al desembolso del SEPI al considerar que el procedimiento no se había llevado con toda la transparencia necesaria. Aún así, en 2023 se archivó el caso y tuvieron que esperar hasta 2024 que la Fiscalía Anticorrupción señalara que los fondos del rescate habían sido destinados para saldar préstamos canalizados hacia cuentas extranjeras vinculadas a una red de lavado de activos. Además, se señala al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de haber intervenido para cambiar la categoría de la aerolínea para que pudieran acceder al rescate que estaba destinado a empresas más grandes y más representantes para el país.
Red transnacional de lavado de activos
La indagación que empezó oficialmente en 2024 y que se ha impulsado desde España, Suiza y Francia empezó con la investigación de seis personas de países como Venezuela, Perú, Países Bajos y un español (Zapatero). La causa ha revelando una red de lavado de activos con participación de:
- Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu son empresarios de origen peruano que ofician como gestores ejecutivos. Luis Felipe tenía una empresa llamada Bluecap Corp, radicada en las Islas Mauricio y que aparece con un rol principal en el blanqueo de capitales. Esta organización tenía una filial en España, creada por el abogado Miguel Palomero, que terminó controlada por Romaine Bruere, detenido en Francia a raíz de la investigación. Luis Felipe además se ve vinculado con fondos desviados de programas públicos de Venezuela como el sistema de distribución de alimentos CLAP y operaciones relacionadas con la venta ilegal de oro venezolano a través de una empresa radicada en Emiratos Árabes llamada Noor Capital.
- Danilo Alfonso Diazgranados es un empresario venezolano que se le atribuye el rol de gestor ejecutivo vinculado a la captación de clientes de la estructura y controlador de diversas sociedades, situadas en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas. Se encargaba de conectar a Luis Felipe Baca con clientes para blanquear importantes cantidades de dinero.
- Simon Leendert Verhoeven es un neerlandés radicado en España que se encargaba de la gestión operativa de las sociedades pantallas vinculadas a la red y de cuentas bancarias en Suiza. El empresario estaba vinculado a diversas sociedades, utilizadas presuntamente para conceder los préstamos a Plus Ultra antes de acceder al rescate del Gobierno Español.
- Miguel Palomero, abogado español oficia como el intermediario de la trama de lavado de activos y cercano a Baca y a Verhoeven. Se le encargaron las gestiones relacionadas con la búsqueda de interlocutores políticos para conseguir el rescate de la aerolínea.
- Rodolfo José Reyes Rojas, junto con dos socios más, son accionistas mayoritarios de Plus Ultra a través de dos sociedades que controlan el 56.8% de las acciones. Reyes Rojas contactó a Palomero porque necesitaba acceder a ayudas del Gobierno, lo que posteriormente lo llevará a ponerse en contacto con Zapatero. Para que fuera elegible para el rescate del Gobierno inyectaron préstamos que modificaron su estructura accionarial.
- Zapatero, expresidente español hace uso de sus influencias para elevar la categoría de Plus Ultra y gestionar el rescate de EUR 53 millones.
Sanciones y reputación empresarial
El tema Plus Ultra parecía un caso de un rescate adjudicado indebidamente, pero se ha convertido poco a poco en una gran red de lavado de activos con dinero proveniente de petróleo, oro y programas sociales de Venezuela e introducido al sistema financiero a través de empresas ubicadas en diferentes partes del mundo. Aún hay mucha especulación sobre cómo se desarrolló la trama, pero hay garantía de dónde vienen los fondos ilegales y quiénes se han visto vinculados con ellos.
Plus Ultra sigue operando, aunque con menos rutas de las que tenía antes de la investigación. La empresa que luchó por sobrevivir la pandemia ahora se enfrenta a una investigación que sigue en pie, que puede ser sancionada duramente y que quedó con una gran mancha en su reputación.
Este caso evidencia una vez más la corrupción que existe por parte de diferentes gobiernos, las tramas que crean delincuentes en todo el mundo para sustraer fondos públicos, estafar y lavar dinero y los riesgos que corren las empresas al ignorar prácticas corruptas o no conocer de manera adecuada a la contraparte.
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