El lunes 27 de abril, la Fiscalía llevó a cabo un megaoperativo para aplicar extinción de dominio de 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad de una de las marcas textiles más importantes del país. Con el apoyo de CTI y el Ejército Nacional, hicieron operaciones en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, lo que la convierte en una de las intervenciones más significativas de los últimos años. A continuación, revisamos los hechos de los que se acusa a la marca, los problemas reputacionales del sector y lo que significa para el país.  

El ojo de la DIAN 

Entre las aprehensiones y decomisos se encuentra el que hizo la DIAN por COP 54.000 millones que también alega un sistema de defraudación con el mismo modus operandi al que se evidenció en 2006 con el Cartel de la Chatarra. De hecho, fue la entidad la que reportó los primeros movimientos inusuales relacionados con la marca en 2022 a través de su sistema interno de monitoreo conocido como El ojo de la Dian. La entidad reportó en 2022 que había pescado un zar del contrabando por medio de este sistema al identificar accesos inusuales a información tributaria de terceros no acordes con las funciones asignadas al personal. 

Las indagaciones iniciales encontraron que varios funcionarios habían hecho consultas de información relacionada con empresas que registraban la misma dirección en Barranquilla. Y posteriormente, evidenciaron que en ese mismo domicilio se habían fundado 30 empresas relacionadas con el sector textil solo en los últimos 20 años. Estas empresas fueron creadas como proveedoras, tramitaron devoluciones del IVA y posteriormente desaparecieron. 

Del Cartel de la Chatarra al Cartel Textil 

La DIAN tras allanamientos a empresas que seguían activas en la dirección registrada en Barranquilla, encontraron registros de sobornos detallados a funcionarios de la DIAN. La investigación evidenció la existencia de un sistema de fraude para solicitar devoluciones de IVA sobre mercancía que habría ingresado al país de forma ilegal. Lo llamativo de este esquema establecido es que se asemeja al Cartel de la Chatarra que desmantelaron en 2006 tras identificar que ingresaban chatarra de manera ilegal al país para luego solicitar la devolución del IVA. El sistema relacionado con la marca textil incluía diferentes acciones como:

• Creación de empresas fachadas que figuraban como supuestos proveedores. 
• Acciones de contrabando de textiles que eludían el pago tributario. 
• Creación de cadena de intermediarios para encubrir el origen de los productos, simulando operaciones de comercio exterior.
• Fragmentación de las transacciones y simulación de relaciones comerciales para dificultar la trazabilidad. 
• Colaboración de funcionarios de la DIAN para pasar por alto estas irregularidades a cambio de sobornos. 

Lavado de activos y enriquecimiento ilícito

La noticia de la extinción de dominio a locales en todo el país tiene a Colombia con los ojos puestos en una aparente red que movía grandes cantidades de dinero ilegal por años sin alertar a las entidades reguladoras. Aunque todo el caso aún se encuentra en investigación, la Fiscalía documentó un presunto lavado de activos por más de COP 730 millones, un enriquecimiento ilícito superior a los COP 430 millones y un posible contrabando por más de COP 75.000 millones. 

El caso apunta a la creación de múltiples importadoras, comercializadoras y sociedades que papel que permitieron mover millones de recursos ilícitos a través de la economía formal por cerca de 20 años, tiempo que lleva la empresa en el mercado. Además, aunque no se han revelado nombres oficiales, órdenes de captura o imputación de cargos, todo podría apuntar a que la empresa, aunque ha tenido diferentes dueños, mantiene un mismo controlante o beneficiario final detrás de las operaciones. 

Reputación empresarial 

El caso ha resonado en los titulares nacionales desde el lunes y se han viralizado videos de cómo se llevó a cabo el allanamiento de locales, lo que ha dejado muy mal parada a la marca a pesar de que sus locales vayan a permanecer operando mientras avanza la investigación. Aunque las autoridades estarán monitoreando todas las operaciones, la empresa seguirá con sus actividades con el fin de no afectar a más de 3.000 personas que figuran como empleados directos de la marca. El proceso avanzará con el fin de imputar cargos por delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, contrabando y lavado de activos mientras los activos permanecen bajo la administración de Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Este caso marca un hito en el entramado empresarial porque, aunque es uno de los más grandes, no es el único que se ha evidenciado en los últimos años. Lo que demuestra que no solo hay unos problemas estructurales, sino una cultura arraigada en torno a estas dinámicas ilegales que desangran los recursos públicos, secundadas por funcionarios corruptos y falta de controles más estrictos. 

Los expertos han señalado que a pesar de que estos casos golpeen la confianza del sector empresarial, hay que seguir operando con honestidad para evitar la estigmatización de las empresas. Y aunque las entidades reguladoras tengan una gran responsabilidad, las organizaciones deben reforzar sus modelos de negocio y sus actividades de vigilancia con el fin de identificar problemas con proveedores, socios o acuerdos comerciales que puedan afectar a las empresas y a sus operaciones. 

Aún es muy pronto para saber qué va a pasar con la marca, los locales y los empleados que podrían llegar a ser los más afectados, pero desde ya es evidente que la mancha en la reputación de la empresa se mantendrá por años. Mientras las investigaciones se llevan a cabo, las compañías que tuvieron alguna relación con la empresa textil, así fuera limpia y transparente, van a verse señaladas, investigadas y posiblemente estigmatizadas por no llevar a cabo controles más exhaustivos. Ya vimos que identificar las irregularidades es muy complejo, pero desde las empresas deben tener unos procesos de debida diligencia robustos para identificar quiénes son los controlantes detrás de las empresas y qué señales de alerta arrojan sus registros en listas vinculantes a través de validación en plataformas como Tusdatos.