Vigilancia basada en inteligencia y analítica de datos

En junio de 2025, la Superintendencia de Vigilancia empezó con intervenciones a diferentes empresas de seguridad privada tras alertas generadas después de operativos que llevó a cabo la Policía. Las primeras empresas intervenidas, con domicilio en Barranquilla y Bogotá, se enfrentaron a la suspensión provisional de su licencia mientras se adelantaban las investigaciones y una de ellas fue señalada de tener vínculos con la banda Los Costeños. Estos primeros operativos que se hicieron con el acompañamiento de otras instituciones, fueron el inicio de lo que en abril de 2026 llevó a la suspensión de más de treinta empresas de vigilancia. A continuación, analizamos la decisión de la Supervigilancia y los hechos que desencadenan estas suspensiones. 

Infiltración criminal en empresas de vigilancia

El 14 de abril de 2026, la Supervigilancia anunció la suspensión de 31 licencias y destapó la infiltración de grupos criminales en empresas de vigilancia y seguridad privada, dos empresas ya sufrieron la cancelación definitiva de la licencia. La entidad en su investigación identificó que las empresas hacen uso de licencias legales para facilitar actividades ilícitas y sigue en investigación con el fin de imponer nuevas sanciones en diferentes regiones del país, incluso anunció que ocho empresas serán sancionadas resultado de las investigaciones. Con la bandera de una vigilancia basada en inteligencia, analítica de datos y articulación interinstitucional, la entidad suspendió licencias en empresas con domicilio en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín principalmente. Entre los hallazgos que han llevado a las suspensiones desde 2025 se encuentran:

• Las empresas obtienen licencia legal para operar, pero luego ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales. 
• Detectaron armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales. 
• Las prácticas de estas empresas podrían estar relacionadas con delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales. 
• Presuntas fallas en las actividades de custodia, trazabilidad y control de armamento, así como la utilización final al servicio de estructuras y actores criminales.
• Posibles vínculos de socios de una empresa con estructuras delictivas.
• Omisiones en los controles aplicados a la verificación y validación de personal contratado. Se vinculó a un número significativo de trabajadores con investigaciones penales activas por delitos de alto impacto. 
• Posibles omisiones administrativas, operativas y contables, incluyendo deuda acumulada por años con el Fondo de Vigilancia y la ausencia de presentación de informes financieros en 2019. 

Incumplimiento vs colaboración delictiva 

La Superintendencia ha asegurado que los operativos han sido posibles gracias a esa articulación entre entidades del Estado, lo que ha permitido:

• Fortalecer el control de armas en manos de particulares. 
• Avanzar en investigaciones con impacto judicial.
• Mejorar el cruce de información para detectar irregularidades. 

Sin embargo, la entidad también recalcó que muchas empresas operan en el marco legal y que algunas de las licencias suspendidas corresponden a fallas en trámites administrativos y no todas apuntan a infiltraciones criminales, sino a hechos como:

• Declarar armas en sedes no autorizadas.
• Registrar domicilios inexistentes. 
• Presentar inconsistencias en la información del SARLAFT. 

Ante la pregunta de cuáles de las 31 empresas están bajo investigación por conexión con bandas criminales y cuáles lo están por procesos administrativos, la Supervigilancia se negó a mencionarlas. Este señalamiento público que se ha hecho contra las empresas ha sembrado un manto de incertidumbre en las empresas, clientes y el país en general al no individualizar las investigaciones. Gremios de vigilancia y seguridad privada se han pronunciado advirtiendo riesgos al debido proceso y efectos económicos relevantes en la industria al amplificar la noticia en todos los medios nacionales. Algunas empresas señalan que no se respetó el debido proceso, la presunción de inocencia y que se enteraron de las decisiones a través de los medios y no por los canales formales. Incluso el 20 de abril el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla falló a favor de una empresa y le ordenó a la Supervigilancia hacer una serie de aclaraciones, ya que consideró que se vulneró el buen nombre y la honra de la compañía demandante. Sin embargo, el Juez también instó a la empresa a adoptar medidas internas para evitar situaciones similares en el futuro y garantizar que sus comunicaciones institucionales sean veraces, estén actualizadas y correspondan al estado real de los procesos administrativos. 

Riesgo empresarial más allá de la suspensión

Aunque es un caso que aún está bajo investigación y las empresas y la Superintendencia aún deben tomar decisiones, las alertas que deja ya son evidentes tanto para las empresas de vigilancia y seguridad privada, como para las empresas que establecen negocios con ellas. Las empresas bajo la lupa de Supervigilancia deben responder a lo que ocurre con el gremio con acciones como:

• Validación integral del personal que vinculan en sus actividades. Establecer políticas claras con aquellas personas que tienen antecedentes. 
• Cumplir con un SARLAFT adecuado y que tenga una matriz que contemple riesgos como infiltraciones criminales. 
• Emplear un Oficial de Cumplimiento con experiencia en los riesgos puntuales de infiltración criminal, uso de armas, entre otros. 
• Llevar a cabo y entregar la documentación completa respecto a estados financieros con el fin de no dejar espacio para la duda sobre actividades de lavado de activos. 

Y para las empresas que contratan este tipo de servicios, los riesgos se mantienen latentes porque no solo hay señalamiento de lavado de activos y uso de armas en actos criminales, sino que se mantiene la posibilidad de ser designadas como financiadoras del terrorismo. Es así que las empresas que hacen uso de servicios de vigilancia o seguridad privada deben llevar a cabo acciones para su seguridad como:

• Validar a las empresas teniendo en cuenta factores como tamaño, número de empleados, historial financiero, nómina, entre otros con el fin de determinar si es la adecuada. Entender si tiene la capacidad para cumplir las exigencias, si tiene un historial de pago a empleados a tiempo, si no tiene problemas financieros, entre otros, da una visual de los riesgos que puede presentar para la empresa contratante. 
• Conocer quiénes figuran como representantes legales y beneficiarios finales para posteriormente validar a estas personas en listas restrictivas. 
• Verificar que cumplen con las exigencias legales como renovación de matrícula, pagos de seguridad social, entre otros. Estos hechos pueden dar una alerta de legalidad y transparencia. 

El centro de este caso más allá de la ilegalidad es la reputación de las empresas involucradas, por eso para evitar este tipo de riesgos, hay que tomar decisiones basadas en datos transparentes, actualizados y de fuentes públicas para contratar, hacer negocios o cumplir con exigencias legales con empresas como Tusdatos.