La designación de grupos terroristas por parte del Gobierno de Estados Unidos ha puesto en alerta a toda la región por las amenazas que traen consigo estas acciones. Después de designar grupos terroristas en México, Colombia, Venezuela y Centroamérica, parece que el turno ahora es de Brasil. Más allá de que sean decisiones acertadas o no, pone un velo de incertidumbre al señalar a la región como cuna de terroristas y pone a las empresas en una cuerda floja al representar un riesgo reputacional al habitar países con diferentes grupos designados como terroristas. A continuación, analizamos los alcances de estas designaciones y cómo pueden actuar las organizaciones frente a esta nueva realidad. 

Orden Ejecutiva 14157

Desde la firma de la Orden Ejecutiva 14157 por parte del presidente Trump, se han designado a más de una decena de bandas latinoamericanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) en una campaña que busca perseguir a los grupos que amenazan a Estados Unidos. Con el poder de imponer restricciones financieras para estos grupos y para sus asociados, la designación amenaza también a bancos que pudieran haber hecho negocios con las organizaciones criminales sin saberlo o a través de terceros. Además de las acciones que ya ha llevado a cabo como los bombardeos en el Caribe o la misma captura del presidente venezolano, estas designaciones representan una nueva exigencia para las empresas porque elevan los estándares de cumplimiento, ya que no solo se enfrentan a las regulaciones nacionales, sino al marco legal estadounidense. Un marco que pone a personas y empresas en la Lista OFAC e impacta directamente la situación financiera de los que se encuentran listados. 

Para las empresas el foco ha estado en la disuasión más que la aplicación directa de sanciones y los ajustes necesarios apuntan más a multinacionales y las impulsa a reforzar procesos de cumplimiento que ya existen más que tener que adoptar medidas nuevas. Sin embargo, con una fuerte tendencia de los grupos delincuenciales de infiltrarse en empresas o posar como empresas fantasma para legalizar activos ilegales, las empresas están frente a un posible panorama de fuertes implicaciones que deben atender de manera normativa y preventiva. 

Reforzar protocolos con terceros 

Con la amenaza latente a raíz de las acciones de Estados Unidos las empresas están en la necesidad de incrementar los protocolos corporativos de cumplimiento, integridad institucional y conducta ética con terceros. Esta última acción dependerá puramente de una debida diligencia que no se limite solo a interacciones directas, sino que se extienda a cualquier esquema de tercerización. 

El marco legal que apoya la Orden Ejecutiva para la designación de grupos terroristas se soporta en la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Orden Ejecutiva 13224 emitida el 23 de septiembre de 2001. Bajo la lógica que rige estas leyes se justifica la intervención armada de EE. UU. en otros países, asegurar bienes de las FTO y prohibir a las instituciones financieras hacer transacciones con personas que hagan parte de estos grupos. Además, están las sanciones penales y responsabilidades civiles contra quienes se relacionen con estas organizaciones.  

Cambia la designación, pero no la responsabilidad 

La decisión de designar como terroristas a grupos latinoamericanos ha sido muy controvertida, incluso para personas cercanas al gobierno estadounidense porque consideran que la vara con la que miden a estos grupos no puede ser la misma con la que se miden organizaciones como ISIS o Al-Qaeda. Los cárteles de la región no operan bajo una lógica terrorista impulsada por una ideología política o religiosa, sino que están motivados fundamentalmente por el lucro. Es así que estas medidas que no consideran esa diferenciación van a tener impactos directos en el sector privado, ya que estas designaciones han venido acompañadas de presiones comerciales y arancelarias como instrumentos políticos. Ya no se trata solo de verse involucrados con estos grupos, sino de sufrir el impacto directo en la economía de las empresas a raíz de estas acciones. Entre más grupos designados en el país, menos inversiones y peor reputación tendrá el Estado y las empresas nacionales. 

Sin embargo, también abre la puerta a un cumplimiento normativo más robusto que no considere principalmente delitos de lavado de activos, como se acostumbra en la región, sino delitos de financiación del terrorismo. Aunque sean designadas organizaciones terroristas o simplemente sean grupos delictivos no debe cambiar el enfoque de prevención de las empresas y al contrario, debe reforzar controles relacionados con acciones terroristas. Igualmente, la designación no puede guiar las decisiones de las empresas, estas deben hacerlo a través de un conocimiento profundo de la contraparte con preguntas como:

• ¿Qué empresa está detrás de la negociación? 
• ¿Quiénes son los representantes legales de esta empresa?
• ¿Quién es el beneficiario final o controlante de esta empresa?
• ¿Las personas que controlan la empresa tienen un historial limpio en listas vinculantes y restrictivas?
• ¿El rubro en el que se desenvuelve la empresa puede presentar un riesgo para mi compañía?

Responder estas preguntas se puede hacer de forma sencilla con servicios como el de Tusdatos para hacer elecciones basadas en datos más allá de que exista un señalamiento o no terrorista. 

Validación en listas y conocimiento del beneficiario final 

Ante una realidad latinoamericana determinada por las decisiones estadounidenses, el sector empresarial se ha visto duramente afectado por aranceles y con cada designación, la incertidumbre crece por cómo se percibe el país en el exterior. En esta nueva realidad, la forma en la que se relacionan las empresas es cada vez más crítica y por eso deben reforzar controles de debida diligencia, identificación de beneficiario final y validación de todas las personas involucradas en las operaciones. A través del servicio de validación de listas restrictivas, las organizaciones pueden hacer una verificación de personas involucradas en sus negociaciones para comprobar que no figuran en ninguna de las 300 listas vinculantes o restrictivas. Perfilar a las personas permitirá identificar posibles factores de riesgo que puedan llevar a consecuencias futuras relacionadas con financiación del terrorismo. Igualmente, a través del servicio Tusdatos Empresas se puede llevar a cabo la identificación de las compañías y del beneficiario final para su posterior validación con el fin de conocer la realidad de cada empresa y sus intenciones de negociación.