En junio de 2025, el asesinato de dos agentes de tránsito en el sur del país, se sumó a una larga lista de funcionarios de empresas públicas de movilidad asesinados desde 2022. Estos casos encendieron una vez más las alertas sobre la relación que existe entre las agencias de tránsito y los grupos criminales desde hace años y que ha cobrado varias vidas. Además, estos episodios también hacen parte de las investigaciones por irregularidades en las entidades y que han dado como resultado allanamientos y capturas. A continuación, analizamos este caso que ha estremecido a Ecuador y las implicaciones en materia de seguridad pública. 

Irregularidades en la Agencia Nacional de Tránsito 

El 30 de enero de 2026, la Policía en colaboración con la Fiscalía hicieron unos allanamientos en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y detuvieron a nueve funcionarios, incluido el director de la institución. Entre los hechos por los que detuvieron a estas personas se menciona delincuencia organizada y presunto cobro ilegal para agilizar trámites. La operación denominada ‘Jaque’ también llevó al allanamiento de oficinas de la institución en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Sin embargo, estas acusaciones no son nuevas, desde 2022 se han venido denunciando cobros ilícitos para agilizar trámites como obtención de matrículas, licencias de conducir, asignación de rutas y frecuencias tanto en la ANT como en agencias municipales. La entidad como tal habilitó un mecanismo en 2024 para que recibir denuncias de actos de corrupción que se remontan a cuatro años atrás con hechos como:

• En 2022, la ANT presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntos cobros ilícitos para asignación de rutas y frecuencias de transporte interprovincial. 
• En 2024, allanaron oficinas de la ANT en Quito y Santo Domingo por presunto ingreso fraudulento al sistema institucional para obtener licencias de conducir profesionales y no profesionales. 
• En 2025, la Policía intervino en la agencia de Durán después de detectar deficiencias administrativas y presunta penetración de estructuras criminales. Los investigadores aseguraron que la entidad habría sido utilizada para financiar la banda Los Chone Killers a través de funcionarios, familiares y testaferros vinculados a alias ‘Negro Tulio’ para facilitar trámites fraudulentos.
• En 2025, en Guayaquil desmantelaron un centro clandestino de falsificación de matrículas, licencias y certificados de revisión técnica vinculados a agencias de tránsito de 24 divisiones. 
• En 2025, la ANT de Manta fue intervenida y suspendida por 30 días por la presunta influencia de la banda Los Choneros. Durante el procedimiento de intervención se encontraron archivos abandonados, documentos alterados e indicios de matriculación irregular de vehículos de otras provincias. 
• En 2026, la detención de funcionarios apunta al cobro ilegal para agilizar trámites. Se estima que los implicados cobraban entre USD 150 y USD 200 por venta de licencias a domicilio y entrega ilícita de frecuencias. 

Infiltración de los grupos criminales 

Según el estudio de InSight Crime y Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), desde enero de 2024 se han registrado 39 incidentes violentos contra funcionarios o infraestructura de tránsito en Ecuador. De estos ataques, 15 fueron contra la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) que se encarga de regular el tránsito en las carreteras nacionales y zonas fronterizas a diferencias de las agencias que se encargan de tareas como emitir multas, controlar el registro vehicular y administrar presupuestos. 

Estos ataques han puesto en evidencia la importancia de estas entidades para los grupos criminales que buscan tomar el control de las vías del país. Además, también evidencian las redes de aliados que han creado los grupos criminales al interior de las entidades, incluso se presume que han logrado posicionar a sus propios miembros en puestos estratégicos. Según InSight Crime, los grupos criminales aprovechan las agencias de tránsito para:

• Obtener información privilegiada sobre operaciones militares o policiales a través de las agencias. 
• Vigilar las calles a través de las cámaras de tráfico. 
• Transportar armas y drogas en vehículos oficiales pertenecientes a las agencias de tránsito, lo que les garantiza pasar desapercibidos. 
• Alterar y falsificar registros para adquirir vehículos, además de manejar el registro de vidrios polarizados y vehículos blindados. 
• Hacer pagos ilegales a las agencias aprovechando el manejo autónomo de contratos públicos de cada agencia. 
• Operar en el marco de sistemas clientelares para otorgar empleos a miembros, aliados y familiares. 
• Obtener ingresos de multas de tránsito y sobornos cobrados por funcionarios del sector. 

Auditoría y monitoreo de procedimientos y personal 

El caso de las agencias de tránsito evidencia un gran problema de corrupción en el país que ha permeado entidades oficiales, pero también la fuerza que tiene el entramado criminal en el país. Es de conocimiento que los grupos criminales que ejercen el narcotráfico en Ecuador son de los más crudos de Latinoamérica y por eso esta problemática demuestra una situación que afecta a toda la región. Pero más allá de eso, toda la investigación que se viene adelantando hace años busca evitar más asesinatos, mermar la corrupción y desvincular a la bandas criminales de las agencias del estado. 

Sin embargo, esta tarea solo es posible si el monitoreo y validación de funcionarios se hace de forma estricta y transparente. La ANT debe implementar unos procedimientos de validación de personas que verifiquen antecedentes, vinculaciones en listas restrictivas, validaciones de identidad, reputación en línea, entre otros datos que reduzcan la relación con personas involucradas con grupos criminales. Con empresas como Tusdatos, las entidades oficiales y las empresas ecuatorianas pueden hacer procesos de validación en tiempo récord y accediendo a información de fuentes públicas que no solo es verídica, sino que se mantiene actualizada. Además, pueden generar reportes con el fin de tener un soporte documental y hacer monitoreos constantes con el fin de identificar alertas que puedan poner en riesgo a las empresas, entidades o a las personas. Conocer a las personas que están vinculadas a las operaciones garantiza procesos seguros, transparentes, menos corrupción y sobre todo, abogar por la protección de la vida de las personas.