Lavado de activos a través de empresas ecuatorianas

Desde la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se han destapado diversos hechos dentro de lo que se denomina Caso Blanqueo Fito y que busca exponer no solo el entramado criminal de Macías, sino exponer los detalles criminales de la organización Los Choneros. Mientras en Estados Unidos se adelantan investigaciones para señalar a Alias Fito y recuperar activos, la justicia ecuatoriana decidió llevar a juicio a 16 personas del entorno del narcotraficante. Sin embargo, mientras buscaban judicializar a estas personas, se destapó otro caso relacionado con Los Choneros y que involucra a empresas de diversa índole dedicadas a lavar activos de la banda criminal. A continuación, revisamos de qué se trata el caso Emporio Presidiario y los riesgos que presentan para el entramado empresarial del país. 

Emporio presidiario de Los Choneros 

A partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) presentado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y una denuncia ante la Secretaría General de Integridad Pública, se llevó a cabo un operativo el 20 de marzo de 2026 para desmantelar una red que habría lavado más de USD 1.400 millones. En una operación denominada Emporio Presidiario lograron la captura de once personas relacionadas con la empresa Lafattoria S.A. que hasta 2024 monopolizó el negocio de la comida en las cárceles de Ecuador por más de una década y acumuló diversos cuestionamientos sobre convenios de pagos estatales. Después de denuncias del Gobierno por presunta vinculación con el crimen organizado, perdió el contrato de alimentación con las cárceles y se enfrentó a pérdidas millonarias. Sin embargo, el entramado criminal que se destapó este 2026 revela que las operaciones de lavado de activos se hicieron entre 2015 y 2025, lo que permitió mover USD 1.700 millones entre empresas y más de USD 178 millones entre personas naturales. Según la investigación, los fondos provenían de personas vinculadas con la banda Los Choneros y el entramado de lavado estaba vinculado con personas cercanas a alias Fito y a Junior Roldán, alias ‘JR’, miembro del mismo grupo criminal, asesinado en 2023 en Colombia. 

Múltiples cuentas y diversas empresas 

La Fiscalía pudo identificar el rastro del crimen organizado en el caso a través de transferencias a exempleados de Lafattoria y depósitos a favor de una empresa que estaría relacionada con Mariela Peñarrieta, esposa de alias Fito. Los rastros del dinero que surgieron en la investigación están conectados con nueve personas que fueron judicializadas el 22 de marzo por ser conductos claros para lavar y mover este dinero a través de diversas sociedades:

• El origen de los fondos ilícitos eran Los Choneros y sus cabecillas alias Fito y alias JR. Las dos empresas principales que movían los fondos eran Lafattoria/Provisali y Corganpec S.A., empresa relacionada con alias Fito. 
• Pedro Álvaro Reyes Franco, policía en servicio activo, con RUC suspendido desde 2009, recibió transferencias de trabajadores de Lafattoria. Y habría enviado USD 4.000 a Lissette Hernández, identificada como la pareja de Junior Roldán. 
• Miguel Quizhpi era el gerente de Chev Logistics y Alpagro y movió USD 85.6 millones del esquema empresarial vinculado a Lafattoria. 
• Rubén Palacios era el gerente de 32 farmacias y lavó USD 72.6 millones a través de 24 cuentas bancarias vinculadas a familiares de alias JR. 
• Blanca Gómez movió USD 18 millones a través de Comercial Gómez, empresa conectada a los economatos de las cárceles mediante la empresa Provisali. 
• Karla Fernanda Mera manejó más de 15 cuentas bancarias, interconectadas financieramente con Corganpec y Provisali, para mover USD 16 millones. 
• Carmen Úsca, dueña de la peluquería Gabinete Yoli envió cerca de USD 13 millones a Corganpec. 
• Parrish Jácome, directivo del sector agrario (cacao) registró transferencias por USD 3.5 millones a personas de la nómina de Lafattoria. 
• Hans Tipan, mayor de la policía, registró transacciones directas con Lafattoria, Corganpec y Provisali por USD 3.4 millones.
• Alex Baquerizo, comerciante mayorista, aparece conectado con Lissette Hernández, pareja de JR y Lafattoria, moviendo USD 700 mil.

Aunque las nueve personas involucradas fueron procesadas, aún se espera que Lafattoria y las empresas mencionadas sean enjuiciadas por su vinculación en estos hechos. 

Personas naturales facilitadoras de LA 

Aunque el caso involucra a empresas como Lafattoria, fue fácil rastrear el entramado criminal gracias al seguimiento de personas y revisión de sus actividades. Es por eso que una vez más se vuelve fundamental el papel de las personas detrás de las empresas, así como sus beneficiarios finales. Verificar la identidad y validar a los representantes legales y dueños de empresas toma cada vez más relevancia en un país como Ecuador que ha visto su entramado empresarial salpicado por actividades de los grupos criminales. Recordemos que en el Caso Blanqueo Fito se relacionaron cuatro empresas que eran usadas para lavar dinero y que estaban constituidas legalmente. Esta realidad pone una gran alerta en el sector empresarial porque puede conducir a compañías legales a relacionarse con esas empresas que parecen transparentes, pero que están relacionadas con dineros ilícitos. 

Si se hace una búsqueda rápida en portales empresariales, aparece que Lafattoria es una empresa creada en 2008, cuenta con una gran planta laboral, opera en el sector de servicios de alimentos y la última fecha de actualización de la compañía se hizo el 18 de marzo de 2026. A primera vista, esta empresa parece transparente, tiene una gran trayectoria, tiene la capacidad para acceder a grandes contratos y antes de la investigación, posaba como empresa idónea. Así como esta, once empresas más aparentaban legalidad y llevaron a cabo operaciones normales, cerrando contratos y vendiendo productos y servicios a empresas legales, que nada tenían que ver con el entramado de lavado de activos, pero que se vieron contagiadas por estas actividades y dineros. 

Identificar señales de alerta es clave y por eso a la hora de hacer negocios, no basta con revisar la información de la compañía, sino que es necesario hacer una debida diligencia para revisar a fondo a los involucrados en las negociaciones. Contratar a una empresa con vínculos con bandas criminales puede acarrear sanciones, daños reputacionales y hasta daños operacionales que pueden ser irreversibles. 

Con servicios como el pensado por Tusdatos, las empresas ecuatorianas pueden hacer un seguimiento de las personas involucradas en sus operaciones: empleados, proveedores, socios, representantes empresariales, entre otros con el fin de obtener información verídica en tiempo real. Con datos públicos, las empresas que usen el servicio de consulta de Tusdatos pueden identificar señales de alerta de forma rápida, segura y transparente para tomar decisiones basadas en datos.