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Publicado en 
August 16, 2022

La Ley de Segunda Oportunidad no afectaría al Sarlaft

Durante muchos años la población pospenada en Colombia ha tenido dificultades para acceder a las oportunidades laborales. Esto se debe a la estigmatización que padecen estas personas y los nulos incentivos por parte del Estado para que los empleadores sean partícipes de su resocialización.

No obstante, estas dificultades se pretenden superar tras la implementación de la Ley 2208 del 17 de mayo de 2022, una iniciativa impulsada por Johana Bahamón, quien actualmente representa a la población carcelaria desde su proyecto: Fundación Acción Interna.

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA FORTALECER El ACCESO Y LAS OPORTUNIDADES EN EMPLEO Y FORMACIÓN PARA LA POBLACIÓN POSPENADA y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES LEY DE SEGUNDAS OPORTUNIDADES". Esta ley tiene por objeto crear mayores oportunidades de acceso al mercado laboral para la población pospenada o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo. Esta norma establece incentivos económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo y formación; además, tiene una discriminación positiva que otorga mayores beneficios a mujeres que son cabeza de hogar y que salen de prisión.

Pero, ¿por qué es importante este tema para tu empresa?

Es importante porque las empresas que contraten población pospenada pueden acceder al sello “segundas oportunidades” que, como dice la misma ley, genera un reconocimiento reputacional. Adicional a esto, también se pueden acceder a ciertos incentivos tributarios y económicos como el descuento hasta del 80% del pago de los aportes correspondientes a cajas de compensación familiar[1].

Algunos pospenados pueden tener relación con lavados de activos y financiación del terrorismo, de modo que, algunas empresas contemplarían esto como un riesgo reputacional en caso de contratar personas con estos delitos. Sin embargo, para tranquilidad de las empresas, la Ley 2208 contempla el artículo 9 que se refiere específicamente al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft). Dicho artículo prevé el riesgo de contratar población pospenada con esos delitos y establece que las empresas podrán vincular laboralmente a la población objeto de esta ley y acceder a los beneficios e incentivos sin perjuicio de que la información que repose en el Sarlaft, sin que esto constituya riesgo reputacional.

Si bien la Ley 2208 hasta ahora está entrando en vigor, los beneficios para que la población pospenada pueda acceder a ofertas laborales son enormes, ya que no solo favorecen a quienes buscan ofertas laborales para resocializarse, sino que también las empresas no tendrán ningún inconveniente para contratarlos, y por el contrario, recibirán beneficios. Queda claro que por medio de esta ley se pueden disminuir los índices de delincuencia y promover el bienestar social. 

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[1] Según el artículo 6 de la Ley 2208, los descuentos van desde el 20% en el primer año hasta el 80% para empresas con planta de 100 empleados o más. 

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