Evolución normativa frente al LA/FT/FPADM

A medida que crece el mercado también se generan nuevos y complejos mecanismos que buscan vincular prácticas ilegales como el lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPADM en el sistema financiero a través de diferentes compañías, personas naturales o jurídicas. Esto es, que diferentes organizaciones criminales han desarrollado métodos para emplear el mercado en función del desarrollo de sus actividades.

Por tanto, se ha hecho necesario que las entidades se protejan de una posible vinculación con estas organizaciones ilícitas, por medio de pautas y órganos de control regulatorios que les permita orientarse en el desarrollo de un sistema eficiente para manejar y prever adecuadamente este tipo de situaciones.

En este sentido, se ha desarrollado una serie de normativas, parámetros y organizaciones a lo largo del tiempo para prevenir y combatir prácticas asociadas al LA/FT/FPADM, y así promover la cooperación entre organismos intergubernamentales y otras entidades de distintos países que buscan controlar el ingreso de activos y prácticas corruptas en el sistema financiero y sociedad.

Normativa internacional frente al LA/FT/FPADM

En el año 1988 se realizó la convención de Viena que buscó cooperación para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Luego, en 1999, se pactó el Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

En el 2000 se creó la Convención de Palermo, en la cual se promovía la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional. Y para el 2003 se presentó la Convención de Mérida con el objetivo principal de prevenir y combatir la corrupción.

En se crea un importante organismo intergubernamental para desarrollar y promover políticas contra el LA/FT/FPADM: el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental (GAFI), que publicó importantes recomendaciones en 1990 y luego se fueron actualizadas en los años 2001, 2012 y 2020. Las cuales se centran en evaluar el riesgo de LA/FT/FPADM y se apoyan en la identificación de clientes, establecimiento de registros y denuncia de transacciones sospechosas.

‍Normativa colombiana frente al LA/FT/FPADM

‍- Ley 190 de 1995: Estatuto Anticorrupción

- Ley 365 de 1997: Normas tendientes a combatir la delincuencia organizada - Tipificación de delitos de Lavado de Activos

- Ley 526 de 1999: con la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

- Ley 599 de 2000: Código Penal Colombiano - Tipificación de delitos en los cuales tiene origen el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

- Ley 747 de 2002: Reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones

- Decreto 3420 de 2004: Modifica la composición y funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos

- Ley 1121 de 2006: Parámetros para la prevención, detección, investigación y sanción de la Financiación del Terrorismo

- Ley 1474 de 2011: con la cual se dictan normas para fortalecer mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como la efectividad y control de la gestión pública

- Circular Externa 170 de 2002 expedida por la DIAN: Norma sobre la Prevención y control del Lavado de Activos

- Decreto 1497 de 2002: con esta norma el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 526 de 1999 sobre el funcionamiento de la UIAF

- Resolución 285 de 2007 expedida por la UIAF: impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades Portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la UIAF y de tener un oficial de cumplimiento acreditado

- Resolución 212 de 2009 expedida por la UIAF: impone la obligación de presentar reportes trimestrales sobre la no detección de operaciones sospechosas.

- Ley 1708 de 2014: permite expedir el Código de extinción de dominio

- Ley 1762 de 2015: con esta ley se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal

- Decreto 1674 de 2016: permite dar una definición de lo que se debe entender por Personas Expuestas Políticamente (PEP)

- CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL 2020: Acta Sesión del 17 de enero de 2020 Inclusión de nuevas listas vinculantes

- Circular Externa No. 100-000015 del 15 de diciembre 2020 expedida por Superintendencia de Sociedades: Solicitud de estados financieros e informes para el año 2020

- Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre 2020 expedida Superintendencia de Sociedades: se modifica el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 SAGRILAT (sistema de autocontrol y gestión integral de Lavado de activos y financiación del terrorismo)

- Circular Externa No. 100-000004 del 9 de abril de 2021 expedida por la Superintendencia de Sociedades: con esta circular se publica la extensión del plazo para implementar el Sistema de Autocontrol y gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT/FPADM), en concordancia de los cambios normativos propuestos en la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020.

Es importante mencionar que actualmente la normativa ha evolucionado en función de prevención, detección y control de LA/FT/FPADM implementando un enfoque basado en riesgos a través del desarrollo de políticas y matrices, así como por el monitoreo de las organizaciones, sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales que se encuentran obligadas a cumplir con una serie de sistemas encaminados hacia la gestión, autocontrol y reporte de los riesgos.